VOZ ALTERNA

Intimida Fuerza Civil a indígenas en la Huasteca Veracruzana

Texto y foto: Norma Trujillo Báez

Las comunidades de la Huasteca Veracruzana vuelven a vivir terror e intimidación con los retenes de la Fuerza Civil, señalan que el delito es defender sus derechos, porque ellos padecen pobreza y luchan por su tierra, contra crímenes y desaparición forzada de luchadores de derechos humanos.

Vivimos en la marginación y con policías que nos amedrentan se rompe con la agrupación social, con el movimiento social

Como en el pasado, se repite lo que vivieron en el año 2006, pretextando la búsqueda de drogas y armas se han instalado injustificadamente en la huasteca veracruzana retenes policiacos, como el de Benito Juárez, en donde la Fuerza Civil baja del transporte a todas las familias que transitan hacia los municipios de Chicontepec y Zontecomatlán, pero además les amenazan de irrumpir en las comunidades.

Esta policía hace recorridos en la carretera de Ixhuatlán de Madero y en Chicontepec y el retén en el que intimidan a los indígenas es el ubicado en el municipio de Benito Juárez, allí quitaron la base de la policía estatal e introdujeron a la Fuerza Civil.

Carlos Hernández, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, dijo: “para nosotros, nos indica que es para acabar con los movimientos sociales, es para intimidar a la población para que ya no se siga organizando ni siga exigiendo sus derechos como ciudadanos, hay injusticias, todo aquel que se manifieste y exija derechos son objeto de la represión, de la desaparición forzada, esta es la respuesta que da el estado, que está dirigida hacia todo aquel que se manifieste y sea crítico”.

Para los pobladores de la Huasteca, los retenes de la Fuerza Civil son parte de la represión y el hostigamiento por parte del Estado Mexicano, así Carlos Hernández señaló que ellos han estado denunciando la desaparición forzada de luchadores sociales y crímenes de Estado, pero “nuestra exigencia es recibida con la intimidación y represión de la fuerza Civil, porque a quienes denunciamos todos estos actos y todos estos crímenes son del estado mexicano y el principal actor material es el Estado.”

La situación se puede agravar, otros integrantes del FNLS -FDOMEZ, recordaron que en abril de 2006, el ejército nacional, pretextando la búsqueda de drogas y armas instaló injustificadamente en la huasteca veracruzana e hidalguense ocho campamentos militares e introdujo grupos paramilitares en Chapopote, municipio de Chalma y en todas las comunidades que integran la huasteca.

Pero en aquella ocasión solo fue para intimidar a la población y frenar la lucha de las organizaciones sociales que pedían terrenos, vivienda, salud, caminos y empleo, entre otras demandas sociales.

Gabriel Martínez Hernández, integrante del Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” denunció en aquel momento: “existe una presencia exagerada del Ejército en la huasteca veracruzana, enviando hasta 800 soldados que se introducen en las comunidades indígenas y andan en carros o a pata, pero molestando”.

En aquel entonces, había paramilitares que se reactivaron en las huastecas y denunciaban que “el gobierno del estado siempre nos manda a gente que nos persiga, para todas partes que vayamos hay una o dos personas, incluso nos siguen hasta Huejutla, para nosotros representa intimidación, al igual con los soldados porque meten miedo a la población, espantan a los niños porque están armados, a cualquier hora del día andan”.

También recuerdan la represión en el 2009, lo que sucedió en la comunidad de Felipe Ángeles, municipio de Chalma, Veracruz.

El 7 de enero por la madrugada la policía montada hizo disparos al aire, el 11 de enero de este mismo mes entró el ejército rastreando por el monte durante cinco horas.

El mismo 7 de enero de ese año, a las cinco de la tarde, la policía montada realizó disparos en el río Calabozo en el ejido de Metlatepec, Municipio de Huautla, estado de Hidalgo.

“Esas situaciones no las queremos volver a vivir, por eso desde hoy denunciamos que en la Huasteca hay represión por parte de la policía”.

LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH Y CIDH FUERON ACEPTADAS PERO NUNCA SE CUMPLIERON

Sin duda el peor episodio de represión fue la tortura y asesinato de Rolando Hernández y Atanasio Hernández, quienes fueron secuestrados por la policía del estado el 8 de septiembre de 1994, hechos ocurridos en las comunidades Cantollano y Plan de Encinal del municipio de Ixhuatlán de Madero, años en los que gobernaba Patricio Chirinos Calero y su secretario Miguel Ángel Yunes Linares.

Sobre el caso, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque Rolando y Atanasio Hernández Hernández, jóvenes indígenas del norte del estado, fueron asesinados por policías del estado y encontrados sin ojos ni genitales en el río Chiflón.

La detención, tortura, mutilación y ejecución extrajudicial continúan en la impunidad, y cuando Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura, dos integrantes del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata (FDOMEZ) y del Frente Nacional de Liberación Social (FNLS)  llegaron al medio día a Palacio de Gobierno, para pedir justicia, pero dicen ni se inmutó, pero tampoco se pudo deslindar de los hechos.

También, un año después, el 18 de agosto de 1995, en la comunidad de Cantollano fue ejecutado extrajudicialmente Nicolás Hernández Hernández, un luchador organizado e independiente de la tierra, por policías y pistoleros que comandaba el cacique René Monrroy.

Por ello, en la misiva enviada en el año de 2017 le dijeron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: “cuando aconteció la perpetración de ambos crímenes de lesa humanidad, usted fungía como secretario de gobierno de Veracruz, en el periodo 1992 -1999, este es el motivo de la presente. Los crímenes derivaron de operativos policiacos en donde al ser usted el responsable de la seguridad del estado y de los cuerpos policiacos, tuvo el conocimiento, ya sea antes, durante o después de la comisión de este crimen, ¿Qué fue lo que hizo de su parte?, pregunta que no tuvo respuesta”.

De acuerdo a autoridades comunitarias, organismos defensores de derechos humanos, familiares y vecinos, el brazo ejecutor fue el ex presidente municipal Tranquilino Hernández Reyna, sus pistoleros respaldados por policías judiciales y municipales, con el consentimiento de Elmer Prior quien fungiera como presidente municipal de Ixhuatlán de Madero.

Pero también llegó a la CIDH el hecho. “En fecha 20 de octubre de 1995, Darío Arteaga Pérez, agente municipal de Plan del Encinal (Municipio de Ixhuatlán de Madero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia que el día 8 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 7 de la mañana, un número no determinado de policías judiciales del Estado de Veracruz y pistoleros al servicio del cacique y ex presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Tranquilino Hernández, llegaron a la comunidad de Plan del Encinal, allanaron las casas, destruyendo de cuanto encontraban a su paso  e hirieron con arma de fuego a Rolando Hernández y Atanasio Hernández, de 17 y 28 años respectivamente, a quienes se llevaron amarrados cuando los policías se retiraron de la comunidad”.

El día 12 del mismo mes fueron encontrados los cuerpos de Rolando y Atanasio Hernández Hernández por pobladores de la comunidad de Cantollano en el río Chiflón, ocho kilómetros debajo de donde sucedieron los hechos. Los cuerpos presentaban claras muestras de tortura.

El 5 de mayo de 1998 la CIDH publicó su informe de Fondo 1/98, sobre el caso, y concluyó: “El Estado mexicano es responsable de la violación de derecho a las garantías judiciales, a la protección  judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1994 en la comunidad de Plan del Encinal….”.

Entre las violaciones a los derechos humanos está que los agentes del Ministerio Público se negaron a certificar el estado en que fueron encontrados los cuerpos y las huellas de tortura que presentaban y, por lo tanto, a dar orden de autopsia, asimismo se negaron para que se realizara la exhumación de los cuerpos y solo autorizaron el de uno.

La CIDH señala que el “el Estado no contravierte los hechos denunciados, ni aporta elemento alguno  que permita a la CIDH considerar que ha adoptado alguna medida para cumplir con la correspondiente recomendación del informe 50 /97.

Pero también la CIDH indica que una vez que ésta estableció que un Estado es responsable por la violación de derechos humanos, el mismo Estado está obligado a indemnizar a los familiares de las víctimas, independientemente del resultado de las investigaciones internas.

La CEDH-V emitió la recomendación 62/94 y fue dirigida al Procurador de justicia, que en 1994 el titular era Rodolfo Duarte Rivas. Con el número 187 97 la CNDH recomienda al gobernador del estado hacer una investigación imparcial de los hechos y con el informe 1/ 98 la CIDH recomienda al Estado Mexicano realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos, así como pagar una indemnización a los deudos.

Ninguna de las tres recomendaciones se ha cumplido.

Queremos justicia, más que una indemnización, porque no queremos vender la sangre de los compañeros, porque si recibimos dinero es como si vendiéramos nuestra lucha

coincidieron integrantes del FDOMEZ

Periodista de Veracruz e integrante del Colectivo Voz Alterna.